La respuesta es la típica: aunque se demuestre la violación de la propiedad privada, la policía explica que no puede hacer nada. Sin una orden judicial formal, no es posible un desalojo inmediato.
Como resultado, Jean-Michel se ve obligado a afrontar el problema solo. No solo sufre pérdidas económicas, sino que además debe pagar los gastos iniciales para iniciar un procedimiento sumario. Una flagrante injusticia para este hombre trabajador que ve su sustento en peligro.
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